¿Qué no debería tener la reforma a servicios públicos? Esto dice el gerente de Isagén

Camilo Marulanda, gerente de la empresa de generación, controlada por la canadiense Brookfield, apoya el precio tope en la bolsa de energía.

El país está cercano a conocer el documento de la reforma de servicios públicos, que será presentado el próximo 20 de julio, según ha informado el Gobierno. Algunas propuestas y temas se han conocido, dentro de las que se encuentran modificaciones a los requisitos para el cargo de comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Camilo Marulanda, gerente de Isagén, señaló los temas que consideran que no deberían entrar en esta reforma. Sin embargo, destacó su apoyo al precio tope para la bolsa de energía y otras medidas propuestas por el Gobierno.

Air-e demandó a las generadoras por una presuntas prácticas desleales. ¿Cómo responden a esto?

A mí no me preocupa, porque cumplimos las normas, la ley y la regulación. No tenemos ni hemos tenido ningún acuerdo con otros jugadores y estamos atentos a cualquier llamado de las autoridades para dar claridad a lo que se requiera.

Claramente es un mercado oligopólico porque hay pocos jugadores, pero eso no quiere decir que haya conductas inapropiadas.

¿Por qué apoyaron la medida que pone un techo al precio de energía en la bolsa?

Nuestro negocio no es vender en bolsa. La estructura de nuestro negocio es vender en contratos de largo plazo. La compañía antes tenía un promedio de contratos de dos a tres años y hoy nos estamos acercando a ocho años. De hecho, últimamente hemos firmado contratos de 15 a 20 años, que es nuestro negocio. Los contratos representan el 80% de nuestros ingresos y permiten tener una visibilidad del flujo de caja de la compañía en el largo plazo y una estabilidad, además que a los clientes les da una tranquilidad tener un precio determinado. La bolsa para nosotros es marginal.

He apoyado la medida del Gobierno, incluso lo había propuesto antes. La preocupación es que en un mercado, que cada vez está más apretado en su balance de oferta y demanda, el precio de la energía puede seguir subiendo y eso nos hace mal a todos, porque no es bueno para el mercado, ni para las empresas.

La señal que está dando la Creg es muy importante, porque está atada al precio de la térmica marginal más cara en el despacho por mérito. Pero esta es una medida paliativa para el tema importante, que es la expansión del sistema. Si no entra nueva oferta los precios sólo van a subir.

Soy de la teoría de que hay que tomar medidas de corto plazo y protegiendo la estructura del mercado, para atraer las inversiones.

Precisamente, ¿qué planes de expansión e inversión tienen para poner más energía en el mercado?

Hemos hablado de incrementar en 1.000 megavatios la capacidad de la empresa en los próximos tres años. De estos, hay unos 650 megavatios de proyectos que ya están andando y la mayoría de ellos son solares y están en la costa atlántica, que deberían entrar en los próximos años. Estamos trabajando en este momento en estructurar los 350 megavatios adicionales.

Estamos haciendo más proyectos solares porque son más rápidos, tienen menos riesgos de construcción y el licenciamiento ha sido más expedito.

Este plan implica cerca de unos $4 billones de inversiones, pero eso es poco para lo que requiere el mercado. Se necesitan cerca de $30 billones de inversiones para desatrasarnos en la oferta requerida y seguirle el paso a la demanda. Por eso somos insistentes en las señales de largo plazo y en darle tranquilidad al mercado, pues se necesita de mucha inversión para tener un escenario de abastecimiento asegurado.

Ninguno de sus parques eólicos ha salido de pruebas. ¿Qué está pasando?

Hay un tema de cumplimiento de la conexión para estos parques, que están funcionando bien. Estamos a la espera de unos ajustes regulatorios para poderlos poner en operación comercial. Hay una discusión sobre si los parámetros regulatorios se deben cumplir en el punto de conexión al sistema o en la subestación Cuestecitas, y eso tiene una diferencia regulatoria y técnica, que ha llevado a una serie de discusiones con XM (operador del mercado elécrtico) y con la Creg.

¿Por qué eso no ha pasado con otros parques, como los solares?

La conexión de estos parques eólicos está en la mitad entre dos subestaciones y hay una particularidad que hace que haya diferencias en la interpretación de la regulación. La línea donde se conectan los parques es entre el puerto de Cerrejón y la subestación Cuestecitas. En nuestro entendimiento los parámetros se deben cumplir ahí, que es el punto de conexión, pero para XM se debe cumplir en la subestación que está a más de 100 kilómetros. Eso genera una diferencia de parámetros que hace que tengamos que hacer una modificación en la planta para poder cumplir los parámetros o modificar la regulación. No es nada material que afecte la operación de los parques ni nada por el estilo.

¿Afecta la remuneración que tienen ustedes por estos parques?

No. Los parques están contratados e inyectando energía al sistema.

Para que se hagan las inversiones que necesita el sistema, ¿qué señales regulatorias o anuncios están afectando esto?

Lo que ocurrió en la última reforma tributaria puede generar preocupación, porque quitó gran parte de los incentivos que había para invertir en proyectos solares y eólicos. Cuando se están haciendo inversiones que se toman unos 30 años y se evidencia que cada poco tiempo hay una reforma tributaria en la que se quitan incentivos, eso crea un mal precedente.

Creo mucho en la institucionalidad y la base de esto es tener un regulador técnico e independiente, que vaya más allá de las necesidades y deseos del Gobierno. El hecho de que la Creg no esté funcionando, tener personas que no tienen dedicación exclusiva y la señal asociada a que no debería ser independiente es un tema que hay revisar con mucho cuidado, porque las inversiones son a largo plazo y la base de hacer esto es tener el regulador técnico e independiente.

Siempre va a haber oportunidades de mejorar la regulación y se pueden mejorar cosas a favor de los consumidores, pero las señales tienen que ser técnicas.

Otro tema es que pasar del documento a la construcción de los proyectos requiere de muchas entidades. La conflictividad ha crecido mucho y para eso el acompañamiento del Gobierno es fundamental. Es un propósito no solo de las empresas del sector.

Con base en los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad, ¿qué tan urgente es hacer una subasta?

El país necesita una expansión y que sea rápida. También necesitamos un mix de tecnologías. La última subasta fue casi 100% solar y gran parte de los que están pidiendo conexión son también solares, pero de eso no vivimos. Se requieren subastas pronto, si son por tecnología o por región está bien, pero lo importante es que sea rápido.

Con respecto a las plantas térmicas, sin gas natural local se requiere de un encadenamiento hacia una nueva terminal de regasificación o una expansión de la existente. La señal de expansión es la adecuada, no creo que debamos quemar tiempo pensando si es el mecanismo perfecto.

¿Cómo analiza en términos del impacto para el mercado la decisión del Gobierno de asumir la deuda de opción tarifaria para estratos 1, 2 y 3?

Es una muy buena señal. Desde Isagén hemos insistido en los recursos públicos como una solución clave para el tema de tarifas en la costa atlántica, porque hay dos maneras de transferir estos costos que tiene el sistema: los paga el usuario o el Gobierno. Creo que los usuarios están llegando a un nivel de dificultad para pagar más y son cerca de $3 billones acumulados.

La señal es adecuada y hay que buscar la forma de hacer lo más expedita posible la ejecución. Iría más allá: creo que se debe evaluar en adelante usar los recursos de regalías para cubrir las inversiones requeridas, porque las comercializadoras de la Costa tienen compromisos muy grandes de inversión para las redes, pero eso se va a ver reflejado en la tarifa y vamos a tener que dar otra discusión.

¿Siguen haciendo y analizando renegociaciones voluntarias de contratos con empresas de comercialización de energía?

Es un tema que estamos dispuestos a hacer para ayudar en ese propósito de tener tarifas más competitivas para las comunidades más necesitadas, aunque son esfuerzos muy costosos. El pacto tarifario que firmamos en el pasado nos costó $250.000 millones y eso se vuelve invisible con el tiempo, pero es un buen esfuerzo que vale la pena.

La idea es que no sea el esfuerzo de una empresa, sino que sea un tema sectorial.

¿Cómo analiza lo que se conoce de la ley de servicios públicos? ¿Qué es prioritario y qué no?
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Hay unos elementos esenciales que considero que no debería tener la reforma. Lo primero es que no se debería afectar tener un ente regulador técnico e independiente. Lo otro, no se debe afectar las señales de inversión de largo plazo y, por último, no se debe ver la reforma como la forma de solucionar los problemas coyunturales, como las tarifas. Para eso hay otros mecanismos como la ley de presupuesto, que puede ser más rápida, porque este tema es urgente.

¿Qué esperan obtener con su plan de readquisición de acciones?

Hay muchos accionistas, de los 5.000 minoritarios, que han manifestado su interés de que se compren las acciones, pero eso tiene un impacto muy pequeño en la participación de la empresa. Estos son procesos que hemos hecho en el pasado y que ayuda a darles liquidez a esos accionistas.

FUENTE: https://www.portafolio.co/energia/energia-la-billonaria-inversion-que-ve-isagen-para-desatrasar-la-oferta-607874